En la década de los noventa los países latinoamericanos han tomado decisiones firmes en cuanto a la integración subregional y a impulsar una mayor apertura externa. Los intentos integracionistas del pasado se llevaron a cabo siguiendo las políticas que impuso el modelo sustitutivo de importaciones, cuya propuesta de crecimiento se basaba en la protección a la producción industrial nacional y en la demanda interna como motor del desarrollo. En la actualidad el proceso de integración se desenvuelve bajo una concepción diferente: la apertura de las economías regionales y la competencia por los mercados como necesidad para lograr el crecimiento; desde esta perspectiva, el proceso de producción debe orientarse hacia el escenario mundial.
    En el continente americano se han concretado varios acuerdos de integración, siendo el NAFTA y el MERCOSUR los de mayor importancia. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) agrupa a la Argentina junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.
    El MERCOSUR incluirá a Chile en el corto plazo, porque lo considera partícipe del proceso de integración regional.
    El "Programa de Cooperación e Integración Económica", suscripto por la Argentina y Brasil en 1986, afirma la voluntad de alcanzar la interconexión de ambas economías nacionales en diversos rubros y de mejorar la interconexión fronteriza. El proceso iniciado se fué acelerando mediante actas y tratados posteriores, y Uruguay y Paraguay tomaron la decisión de unirse al mismo. El avance de las iniciativas culminó con la firma del "Tratado de Asunción", el 27 de marzo de 1991, mediante el cual se creó el MERCOSUR. La Argentina lo ratificó por Ley 23.981. El objetivo central de este nuevo instrumento legal es la conformación de un mercado común, a partir del 31 de diciembre de 1994. Ello significa, fundamentalmente, la libre circulación de los factores productivos y la compatibilización de políticas.
    El "Tratado de Paz y Amistad" firmado por Argentina y Chile en 1978, constituyó una importante manifestación de la tendencia a la apertura y a la integración, sentó las bases de un "Acuerdo Amplio de Cooperación Económica", celebrado en 1991 entre ambos países. Los objetivos acordados entre otros, contemplan la integración energética; la construcción de corredores comerciales; la complementación económica, que incluye el traslado de productos para la exportación a terceros países mediante el uso de puertos chilenos; el avance en la integración física y el desarrollo de proyectos de interés común.
    Las decisiones políticas enunciadas definen un proceso de integración para un desarrollo regional conjunto e implican importantes cambios estructurales de nuestras sociedades nacionales y regionales, como así también permiten esbozar hipótesis sobre las posibles transformaciones territoriales que ya han empezado a manifestarse.
    El ordenamiento territorial es esencial a la hora de formular políticas de desarrollo e integración en el contexto regional y continental, de acuerdo al modelo actual, que valoriza positivamente los cambios, como: la revolución científica-tecnológica; la reestructuración del Estado; la privatización de las actividades productivas y de servicios y la globalización de la economía, entre otros.
    Hoy toman fuerza los principios de competitividad, libertad de mercado, superación individual, equidad, solidaridad, conceptos que deben ser incorporados en las políticas de ordenación del espacio para tender a un desarrollo socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, además de constituir los marcos adecuados necesarios para disminuir los desequilibrios sociales y regionales en nuestro territorio y consolidar la integración regional.